IMPACTO DEL DERECHO EN LA DESIGUALDAD SOCIAL

IMPACT OF LAW ON SOCIAL INEQUALITY

 

Bryan David Díaz-Alava¹

E-mail: bdiaz4583@upse.edu.ec

ORCID: https://orcid.org/0009-0001-3486-9666

¹ Universidad Estatal Península de Santa Elena. Ecuador.

 

RESUMEN

El presente trabajo se centra en un análisis exhaustivo del impacto que tiene el Derecho en la desigualdad social, un tema de relevancia crucial en la actualidad. A lo largo de la investigación, se examinan diversas áreas fundamentales, tales como la legislación laboral, educativa, de género y económica. Cada una de estas áreas se evalúa en términos de cómo las políticas y leyes establecidas pueden tanto perpetuar como mitigar las desigualdades existentes en la sociedad. Para llevar a cabo este análisis, se han utilizado métodos de investigación documental y comparativa, lo que ha permitido recopilar datos de una amplia gama de fuentes académicas y oficiales. Esta metodología ha sido clave para ofrecer una visión integral y profunda del tema, permitiendo identificar patrones y tendencias en la relación entre el Derecho y la desigualdad social. Los resultados obtenidos a partir de esta investigación destacan de manera contundente la importancia de contar con un marco jurídico inclusivo que no solo sea bien diseñado, sino también correctamente implementado. Un marco legal que promueva la equidad y la justicia social puede ser un instrumento poderoso para reducir las disparidades sociales y fomentar un entorno más justo para todos los ciudadanos.

Palabras clave:

Derecho, desigualdad social, justicia social, equidad.

 

ABSTRACT

The present work focuses on an exhaustive analysis of the impact of law on social inequality, an issue of crucial relevance today. Throughout the research, various fundamental areas are examined, such as labor, educational, gender and economic legislation. Each of these areas is evaluated in terms of how established policies and laws can both perpetuate and mitigate existing inequalities in society. To carry out this analysis, documentary and comparative research methods have been used, which has made it possible to collect data from a wide range of academic and official sources. This methodology has been key to offering a comprehensive and in-depth view of the subject, allowing the identification of patterns and trends in the relationship between Law and social inequality. The results obtained from this research strongly highlight the importance of having an inclusive legal framework that is not only well designed, but also correctly implemented. A legal framework that promotes equity and social justice can be a powerful instrument to reduce social disparities and promote a fairer environment for all citizens.

Keywords:

Law, social inequality, social justice, equity.

 

INTRODUCCIÓN

La desigualdad social es una de las problemáticas más relevantes en la configuración de las sociedades modernas. El Derecho, como conjunto de normas y políticas que regulan la vida social, tiene un papel crucial en la distribución de oportunidades y recursos. Este trabajo tiene como objetivo analizar cómo el marco jurídico puede perpetuar o mitigar las desigualdades sociales en diversas áreas, incluyendo la laboral, educativa, de género y económica.

El análisis del impacto del Derecho en la desigualdad social es fundamental para comprender las dinámicas de poder y distribución de recursos en una sociedad. Estudios previos han demostrado que las políticas inclusivas pueden reducir las disparidades, mientras que la falta de un marco jurídico adecuado puede perpetuar la injusticia. Para corroborar esta idea se consultaron fuentes bibliográficas de revistas indexadas que ampliaron los conocimientos en la investigación y permitieron tomar posición en cuanto a criterios específicos de su contenido. Así como, constatar cómo influye el marco jurídico en la perpetuación o reducción de la desigualdad social. El estudio propone que un marco jurídico inclusivo y bien implementado puede reducir significativamente las disparidades sociales, mientras que una legislación insuficiente puede perpetuar la desigualdad.

A partir del análisis del contexto respecto al tema son significativos los criterios de autores como: Drago (2006); Osorio (2010); Ibáñez (2016); Madasi (2019); Piñeiro (2019); Castañeda & Díaz (2020), al relacionar la justicia social, derechos y desigualdad social. Sus trabajos analizan cómo las estructuras sociales y políticas afectan a diferentes grupos, buscando equidad en el acceso a recursos y oportunidades. Investigan cómo las políticas pueden promover o violar derechos humanos, especialmente en contexto de desigualdad. Estudian las causas y consecuencias de esas desigualdades que tanto afecta a la sociedad, considerando factores tales como el género, etnia, creencias, educación, por ello abogan por una educación que empodere a los individuos para cuestionar injusticias y fomentar la conciencia crítica sobre desigualdad. Sobre estos temas se profundiza en la presente investigación.

METODOLOGÍA

En primer lugar, se realizó una revisión exhaustiva de la literatura existente sobre el tema. Esto incluyó la identificación y análisis de leyes relevantes, tanto a nivel nacional como internacional, que abordan cuestiones de desigualdad social. Se prestó especial atención a normativas laborales, educativas, de género y económicas, dado que estas áreas son cruciales para comprender cómo las políticas pueden influir en la equidad social. La búsqueda de legislación se llevó a cabo en bases de datos jurídicas, portales gubernamentales y organizaciones internacionales que promueven los derechos humanos. Los métodos utilizados permitieron una evaluación exhaustiva y sistemática del marco jurídico en relación con las disparidades sociales. Ampliar y sistematizar en el tema que para la sociedad y en especial para los operadores del Derecho se hace cada vez más evidente su importancia es aporte de la presente investigación.

Por tanto, el estudio del derecho y las desigualdades sociales requiere un enfoque interdisciplinario que conjugue diversas ramas jurídicas y ciencias sociales. Esto implica aplicar métodos tales como, de inducción, deducción, análisis histórico-comparativo, entre otros, para comprender a profundidad estos fenómenos. Su abordaje interdisciplinario contribuye a esclarecer cuestiones clave para el desarrollo de una sociedad más justa Esta combinación de métodos empíricos y teóricos proporcionó una base sólida para las conclusiones presentadas en el estudio, asegurando que las propuestas sean tanto pertinentes como viables en el contexto actual. Permitió una comprensión profunda del tema, sino que también facilitó la identificación de caminos hacia un marco jurídico más inclusivo y equitativo.

DESARROLLO

La relación entre el derecho y la desigualdad social es un tema que para muchos investigadores es de vital importancia debido a que es complejo, porque involucra la intersección de derechos humanos, justicia social y el acceso equitativo a recursos y oportunidades. De ahí que sea necesario su estudio, lo que permite constatar que a lo largo de la historia, la desigualdad ha estado profundamente enraizada en las estructuras sociales y económicas, y se reconoce como un problema social que necesita ser abordado y tratado.

De ahí, que tomemos un instante a hacer una pequeña reseña sobre su visión en sentido general. Desde el nivel global, las crisis económicas, los conflictos bélicos, las emergencias de salud pública, la inseguridad alimentaria y el cambio climático han representado amenazas para la efectividad de los derechos humanos. En este contexto, el preocupante aumento de la desigualdad en ingresos y recursos se ha convertido en un tema de creciente preocupación. Aunque el marco de derechos humanos proporciona una guía parcial sobre las repercusiones de nuestras sociedades cada vez más polarizadas, todavía existen lagunas por abordar.

En el ámbito de la protección social visto con enfoque de derecho Cecchini (2016), a partir de su investigación, señala que se pueden observar avances y algunas brechas en relación con la evolución de la protección social. Desde principios del siglo XXI, los países de América Latina han logrado, en diferentes momentos, niveles y formas que dependen de su desarrollo socioeconómico e institucional, expandir gradualmente la cobertura de la protección social. Estos progresos se manifiestan, entre otros aspectos, en la implementación de programas integrales para reducir la pobreza, que están vinculados al fortalecimiento de los activos y las capacidades humanas; la creación de pilares no contributivos de pensiones; la mejora del acceso a servicios de salud y la formalización del empleo.

Desde el punto de vista de Amadasi (2019), el acceso a la justicia es un elemento clave del Estado de derecho debido a su conexión intrínseca con la disminución de la pobreza y el crecimiento inclusivo. Este acceso influye en todos los aspectos de la vida diaria, como la salud, el empleo, la educación, la vivienda y la alimentación. Es un aspecto de gran relevancia que afecta profundamente la vida de los ciudadanos, para quienes contar con acceso a la justicia es esencial.

Respecto a los derechos sociales y ciudadanía, el autor Hopenhayn (2006), manifestó que, mientras los derechos civiles y políticos se enfocan en asegurar las libertades fundamentales y la representación de la voluntad de los ciudadanos a través de sus representantes en el Estado, los derechos económicos, sociales y culturales (DESC), conocidos como derechos de segunda generación, tienen como objetivo democratizar la ciudadanía social. Además, existe un amplio consenso sobre la interrelación entre el respeto a las libertades civiles, el ejercicio de derechos políticos y el acceso de las personas a bienes, servicios y prestaciones que garantizan o fomentan el bienestar.

En ese sentido Hopenhayn (2006), enfatiza, que siguen existiendo factores estructurales en nuestras sociedades y economías, tales como la segmentación por inserción productiva y por características asignadas y territoriales, así como las marcadas inequidades en el acceso a activos y patrimonios. Todo esto perpetúa y agrava las desigualdades, impidiendo que el progreso tenga un efecto distributivo que se alinee con lo que establecen los derechos económicos, sociales y culturales, también conocidos como derechos de segunda generación.

Dentro de este marco, el término de desigualdad alude a una diferencia objetiva que se puede evaluar al comparar dos o más elementos. En español, también se utiliza la palabra iniquidad, que en su segunda y menos común definición hace referencia a las injusticias y a la ausencia de equidad. Desde esta perspectiva Castañeda & Díaz (2020), la infieren, como una desigualdad sistemática y socialmente producida que es injusta y susceptible de cambio. Es sistemática porque no ocurre al azar, sino que sigue patrones consistentes en la población. Por tanto, se considera injusta porque surge de estructuras sociales que contradicen nociones ampliamente aceptadas de justicia, como la idea de que todos los niños, sin importar su origen social, deberían tener las mismas oportunidades de sobrevivir y acceder a la educación universitaria. Este aspecto implica que las iniquidades conllevan juicios éticos.

En relación con este tema Hopenhayn (2006), se apoyó en el criterio de que la inequidad es un rasgo que acompaña desde larga data a las sociedades de la región, y sintetiza estructuras económicas, sociales, de género y étnicas altamente segmentadas. De modo que la reproducción de la inequidad en el tiempo ostenta un carácter complejo y de factores que se potencian entre sí. De igual forma Hopenhayn (2006), refiere, que la distribución del ingreso per cápita de los hogares refleja de manera cercana la forma (desigual) en que la educación, el conocimiento, el patrimonio y el acceso al empleo y al financiamiento se distribuyen entre la población de los países de la región.

Sin embargo, para Palomino et al. (2014), el concepto de equidad hace referencia a la disminución o ausencia de las diferencias injustas. Se debe abordar desde el ámbito más amplio de la imparcialidad y la justicia de los acuerdos sociales, incluida la distribución económica; y la debida atención a la vida y la libertad humanas. Por tanto, se puede concluir que las iniquidades ejercen influencia sobre el avance social y económico y afecta diferentes aspectos de la vida razón por lo cual es de interés en el ámbito científico.

Desde la posición de Jelin (2014), sostiene que la igualdad es una preocupación central, tanto implícita como explícita, en las luchas sociales y el pensamiento social. Los debates se centran en si se debe priorizar la igualdad de oportunidades o de resultados, el bienestar general, los derechos de ciudadanía, o las compensaciones derivadas del funcionamiento del mercado capitalista, que tienden a generar concentración y polarización. También se discute si la igualdad proviene del capital humano o de las estructuras sociales, si se enfoca en capacidades u oportunidades, y si es necesaria una revolución social para lograrla o si pueden alcanzarse reformas graduales. Estas diversas perspectivas han influido directamente en las consignas y demandas sociales a nivel global.

Otro punto de vista que despierta interés con respecto a la investigación es la visión de Vite (2007), analiza cómo la crisis del empleo asalariado ha llevado a una nueva forma de desigualdad social, caracterizada por la precariedad laboral. Se discute la transformación de políticas sociales en programas de asistencia focalizados, lo que ha resultado en una mayor segmentación y exclusión social. Se constata que estos autores ofrecen una visión integral sobre cómo el marco legal interactúa con las dinámicas sociales para perpetuar o mitigar la desigualdad, destacando la importancia de políticas inclusivas y efectivas para garantizar derechos equitativos.

El estudio nos lleva a hacer referencia a otro punto de vista de la desigualdad, que se relacionan con la idea esencial de la investigación. En opinión de Ortiz et al. (2015), la desigualdad de género se manifiesta en todo el mundo, siendo más evidente en los países pobres o en desarrollo. Esto está relacionado con factores infraestructurales y tecnológicos, así como con actitudes más conservadoras que suelen prevalecer en culturas rurales y menos cosmopolitas. En muchos países, las mujeres reciben una educación más limitada que los hombres, y su acceso al mercado laboral es más complicado. En casos extremos, esta desigualdad también se refleja en la salud, ya que las mujeres pueden no recibir la misma atención médica que los hombres. Generalmente, esta desigualdad se observa en aspectos como la brecha salarial, el acceso a la educación, la violencia de género, el acceso al poder político y el trabajo doméstico.

En este sentido es importante destacar que en la investigación de Castañeda & Díaz (2020), se sistematiza el conocimiento sobre las desigualdades sociales y de género como una forma más de ver el fenómeno objeto de estudio, analizando su impacto en la salud de la población. Se destaca que las iniquidades sociales son diferencias injustas y evitables que afectan a diversos grupos dentro de una sociedad, influyendo en su acceso a la educación, salud y recursos básicos y se concluye que las desigualdades de género y sociales son factores determinantes en la salud pública, y se propone generar políticas que aborden estas inequidades.

En la Naciones Unidas, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2016), centran sus propuestas en la necesidad de impulsar un cambio estructural progresivo que aumente la incorporación de conocimiento en la producción, garantice la inclusión social y combata los efectos negativos del cambio climático. El foco de las reflexiones y propuestas para avanzar hacia un nuevo estilo de desarrollo radica en el impulso a la igualdad y la sostenibilidad ambiental. La creación de bienes públicos globales y de sus correlatos a nivel regional y de políticas nacionales es el núcleo desde el que se expande la visión estructuralista hacia un keynesianismo global y una estrategia de desarrollo centrada en un gran impulso ambiental.

Es importante destacar la posición de Osorio (2010), al referir que el propósito de la justicia se centra en la estructura básica de la sociedad, especialmente en cómo las instituciones sociales clave distribuyen derechos y deberes fundamentales y determinan la división de los beneficios de la cooperación social. Estas instituciones incluyen la Constitución Política y las principales normativas económicas y sociales. Asimismo, la estructura básica de la sociedad incluye diversas posiciones sociales, y las personas nacidas en diferentes posiciones tienen distintas expectativas de vida, influenciadas en parte por el sistema político y las circunstancias económicas y sociales.

En esta misma línea de pensamiento Osorio (2010), reafirma, las instituciones de una sociedad tienden a privilegiar ciertas posiciones sociales en detrimento de otras, lo que da lugar a desigualdades significativas que no pueden ser justificadas por nociones de mérito o desmérito. Estas desigualdades, que son probablemente inevitables, deben ser tratadas principalmente a través de los principios de justicia social. Estos principios, a su vez, guían la selección de la constitución política y los aspectos fundamentales del sistema económico y social.

En lo concerniente a la problemática del acceso a la justicia y cómo la ineficacia en ello, conlleva a acentuar la desigualdad es otro punto de interés en la presente investigación. A opinión de Piñeiro (2019), la discriminación es un factor que contribuye a la exclusión social y a un deficiente acceso a la justicia. La imposibilidad de ejercer este último ha generado costos económicos, políticos, sociales y culturales significativos en México y en otras regiones del mundo.

Desde la perspectiva de Piñeiro (2019), señala que la criminalidad disminuye en países donde los ciudadanos confían en sus sistemas de justicia. La evidencia sugiere que la represión penal no reduce el delito; las poblaciones vulnerables y marginadas enfrentan un sistema de justicia aún más injusto. Aproximadamente el 70% de los prisioneros no son delincuentes peligrosos, sino jóvenes con escasa educación que han cometido robos y provienen de entornos precarios. Reconocer los factores que llevan a la exclusión social es crucial para desarrollar medidas que mejoren la interacción entre la población y las autoridades.

Visto de esta forma Piñeiro (2019), puntualiza, un gobierno eficaz ofrece a sus ciudadanos servicios públicos de calidad, fomenta la confianza, promueve la inclusión y muestra sostenibilidad política a través de instituciones robustas que operan bajo principios democráticos en la creación e innovación de leyes. Además, al abordar los factores que generan exclusión social y considerar los costos asociados con la alta criminalidad, la violencia y la impunidad, se pueden reducir las desigualdades y establecer medidas que faciliten el acceso de la ciudadanía a políticas sociales centradas en mejorar la relación entre la población, sus iguales y las autoridades.

A criterio propio, según los autores de la investigación, el estudio del derecho y la injusticia social pone de relieve la importancia de los derechos humanos, un aspecto fundamental para sostener que un mayor acceso a la justicia conduce a un mejor reconocimiento de los derechos humanos, lo que a su vez ayuda a reducir las inequidades presentes en la sociedad. Estas desigualdades pueden mitigarse mediante el cumplimiento del marco jurídico. Asimismo, se enfatiza la necesidad de garantizar el respeto a las regulaciones con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas.

Para el autor Ibáñez (2016), la libertad, entendida como capacidad, está directamente relacionada con los derechos humanos, ya que desde esta perspectiva, la libertad se considera el objeto material de dichos derechos. En nuestra opinión, su propuesta ética sobre los derechos humanos representa su contribución más significativa al pensamiento en este ámbito. El enfoque de la capacidad se basa en la distinción entre la capacidad individual de una persona y los medios y oportunidades reales que puede aprovechar, los cuales no siempre coinciden con las elecciones que una persona ha tomado a lo largo de su vida. En este marco, la agencia personal es un componente esencial; el ejercicio y desarrollo de esta agencia deben formar parte del proceso de desarrollo individual.

Conforme al marco de los derechos humanos, el artículo 28 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Organización de las Naciones Unidas, 1948) afirma, que “toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos”. La distribución de los ingresos y la riqueza, y las dinámicas políticas relacionadas, representa una dimensión importante de este orden social e internacional. Conforme al marco de los derechos humanos, los Estados tienen la obligación implícita de tomar en consideración el efecto de la desigualdad sobre los derechos y, si se requiere, tomar medidas para lograr una distribución de ingresos más justa.

Pero ante todo esta misma Declaración Universal de los Derechos Humanos (Organización de las Naciones Unidas, 1948), en sus artículos hace énfasis en los derechos primarios que tiene el hombre, como por ejemplo en el artículo 6, “todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica”. Más adelante en el artículo 7, “Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación” . Y en el artículo 8, “toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley”.

Desde el punto de vista del análisis del derecho a la Salud desde la perspectiva de los derechos humanos, Drago (2006), refiere, abordando la obligación de cumplir, la reforma contribuye a la realización del derecho humano a la salud, por medio de la adopción de medidas legislativas, favoreciendo la realización progresiva de acuerdo a los recursos disponibles y mejorando el acceso a recursos jurídicos apropiados. No asegura la no regresividad del derecho en las prestaciones no GE, pero sí ayuda a mejorar la no discriminación del sistema, aunque sin terminar con la segregación por riesgo existente en el sistema privado.

En esta misma línea de pensamiento Jelin (2014), hace referencia sobre la relación entre este nuevo paradigma de los derechos humanos y las desigualdades sociales se da en dos sentidos: “por un lado, en el propósito de ampliar la población y las categorías sociales reconocidas como sujetos de derecho, con el doble y paradójico efecto de que al buscar la igualdad de derechos de conjuntos sociales específicos se remarcan las categorías y las diferencias; por el otro, en las propuestas y demandas de ampliar el conjunto de dimensiones definidas como derechos universales ligados a la condición humana, ampliación histórica que se fue dando a partir de los derechos civiles y políticos para ir incluyendo progresivamente los económicos, sociales y culturales, extendiéndolos también a los de incidencia colectiva”. (p.14).

En este sentido, el autor Jelin (2014), afirma a su vez, que el paradigma de los derechos humanos universales implica la responsabilidad global por su cumplimiento, definiendo violaciones y crímenes de lesa humanidad que justifican intervenciones humanitarias en un marco global e internacional, limitando en algún sentido la soberanía de los países. Al mismo tiempo y de manera paradójica, son estos mismos países quienes elaboran, crean y promulgan estas instituciones y normas internacionales.

Dentro de este orden de idea Drago (2006), también agrega, al mismo tiempo, la reforma establece una política enfocada desde una perspectiva de derechos. Instaura un mecanismo de priorización sanitaria mediante el reconocimiento de derechos. Pone a las personas en el centro de las políticas, las empodera, establece una rendición de cuentas que toma la forma de exigibilidad legal, promueve el cumplimiento universal del derecho de un modo específico y mejora la equidad, aunque no termina con la inequidad derivada de la dualidad del sistema. Beneficia a los pobres, porque los que más se benefician del reconocimiento de un derecho son quienes se les ha negado con mayor severidad; la lógica de derechos mejora la no discriminación en el sistema privado, aunque la reforma se diseñó e implementó con una insuficiente participación ciudadana. Esta lógica se establece ‘desde abajo hacia arriba’, implantándose según los recursos disponibles mediante un mecanismo de priorización.

Por su parte Moreno (2003), sostiene que en las sociedades democráticas avanzadas del mundo occidental, los ciudadanos poseen derechos civiles, que incluyen tanto derechos morales, como el de libertad de pensamiento y expresión, como derechos materiales, como la propiedad privada. Además, cuentan con derechos políticos que son fundamentales para la vida democrática, tales como el derecho de asociación y participación. También disfrutan de derechos sociales relacionados con la salud, la educación y el bienestar necesario para llevar una vida que el conjunto de la sociedad considera digna. Afirma Moreno (2003), todos esos derechos están amparados por las instituciones estatales, las cuales asumen la responsabilidad colectiva de su promoción y tutelaje. Ahora bien, dicha igualdad de estatus no esconde diferencias de clase ni desigualdades materiales.

Autores como Drago (2006); Osorio (2010); Ibáñez (2016); Madasi (2019); Piñeiro (2019), coinciden en varios temas comunes relacionados con la justicia social, el derecho y la desigualdad social. Se constatan temas Comunes referidos a la Justicia Social, ellos muestran un interés en la justicia social, analizando cómo las estructuras sociales y políticas afectan a diferentes grupos. Este enfoque incluye la búsqueda de equidad en el acceso a recursos y oportunidades. Por otra parte, la defensa de los derechos humanos es un tema recurrente en sus investigaciones. Se reconoce cómo las políticas y prácticas sociales pueden promover o violar estos derechos, especialmente en contextos de desigualdad.

Un tema no menos importante en el que también coinciden los investigadores Drago (2006); Osorio (2010); Ibáñez (2016); Madasi (2019); Piñeiro (2019), son las causas y consecuencias de la desigualdad social, explorando cómo factores como la clase, el género y la etnicidad influyen en las oportunidades y el bienestar de las personas. Reconocen la promoción de la participación ciudadana y la inclusión en la toma de decisiones es un aspecto clave. Se argumenta que una mayor participación puede contribuir a una mayor justicia social y a la reducción de desigualdades. De igual forma, respecto a la educación en sus aportes se muestra como un medio fundamental para fomentar la conciencia crítica sobre la justicia social y la desigualdad. Los autores Drago (2006); Osorio (2010); Ibáñez (2016); Madasi (2019); Piñeiro (2019), por un enfoque educativo que empodere a los individuos para cuestionar y desafiar las injusticias.

Desde una perspectiva amplia, los autores de la investigación, logran examinar cómo se pueden diseñar las políticas públicas para enfrentar la desigualdad y fomentar la justicia social, subrayando la importancia de un enfoque integral que considere diferentes aspectos de la vida social. Se constata que estos temas evidencian un compromiso compartido con la promoción de la justicia social y la reducción de la desigualdad mediante un análisis crítico de las estructuras sociales y políticas. Además, se hace hincapié en la defensa de los Derechos Humanos, que es un tema recurrente en numerosos estudios.

Es significativo, considerar por otra parte la opinión de Osorio (2010), una sociedad bien organizada es aquella que permite elegir criterios de justicia desde una posición de igualdad y que orienta tanto las acciones individuales como las institucionales según esos principios. Solo de esta manera se respeta la libertad e igualdad de las personas, lo que implica reconocer su dignidad. En resumen, el autor Osorio (2010), precisa, que la justicia social en una sociedad ordenada depende de cómo se asignen los derechos y deberes de cada individuo, así como de la distribución de las ventajas y desventajas en la cooperación entre sus miembros.

Por último, es conveniente acotar que el estudio del derecho y las desigualdades sociales es de gran importancia para las ciencias sociales, ya que permite comprender y abordar problemáticas fundamentales en la sociedad. Tener en cuenta como el derecho puede promover o violar los derechos humanos, especialmente en contextos de desigualdad. Así como, estudiar el papel del derecho en la búsqueda de una sociedad más justa, es crucial para lograr una sociedad libre de discriminación y con equidad en el acceso a recursos y oportunidades.

Por consiguiente, se infiere de la presente investigación, que el derecho tiene la capacidad de adaptarse a las necesidades de una sociedad en cambio constante, al evolucionar sus normas, promover el cambio social, integrar nuevas realidades, fomentar la participación ciudadana, responder a crisis y adoptarse a un enfoque interdisciplinario. Esto asegura que el derecho siga siendo un instrumento efectivo para la regulación de la convivencia social y la promoción de la justicia.

CONCLUSIONES

El análisis de los principales aportes teóricos permite concluir que la relación entre derechos y desigualdad social subraya la importancia de adoptar un enfoque integral que integre la promoción de los derechos humanos con políticas efectivas que aborden las causas estructurales de la desigualdad. Reconocer que todos los individuos poseen derechos inherentes y que la desigualdad restringe el ejercicio de estos derechos es fundamental para avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa.

El Derecho ejerce una influencia significativa y diversa en la desigualdad social, funcionando como una herramienta esencial para definir las condiciones de vida de individuos y grupos en una sociedad. Mediante la legislación en áreas como el trabajo, la educación, el género y la economía, se pueden establecer fundamentos sólidos que propicien condiciones más justas y equitativas. Por ejemplo, las leyes que regulan el salario mínimo, garantizan el acceso a la educación y promueven la igualdad de género no solo buscan remediar disparidades existentes, sino que también fomentan un entorno en el que todos los ciudadanos puedan alcanzar su máximo potencial y mejorar su calidad de vida.

Sin embargo, la mera existencia de estas leyes no es suficiente. Es imperativo un compromiso continuo por parte de los gobiernos, instituciones y la sociedad civil para asegurar que estas normativas se implementen de manera efectiva y se respeten adecuadamente. Esto implica no solo la promulgación de leyes, sino también la creación de mecanismos robustos de supervisión y rendición de cuentas que garanticen su aplicación. La falta de cumplimiento o la corrupción pueden socavar incluso las legislaciones más progresistas, perpetuando así las desigualdades que se pretendían eliminar.

El análisis del Derecho y su papel en la creación de una sociedad más equitativa revela que este no es un elemento aislado, sino una herramienta poderosa para fomentar la justicia social. Sin embargo, su efectividad depende del compromiso colectivo para garantizar su aplicación y supervisión. Solo a través de un esfuerzo conjunto que incluya reformas legales significativas y vigilancia constante se podrá reducir las desigualdades sociales y construir un futuro más justo e inclusivo. Así, la lucha contra la desigualdad social es una responsabilidad compartida que requiere la colaboración activa de todos los sectores de la sociedad.

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