ARTICULACIONES PARA LA EDUCACIÓN INCLUSIVA: RETOS EN UNA SOCIEDAD COMPLEJA Y DIVERSA
ARTICULATIONS FOR INCLUSIVE EDUCATION: CHALLENGES IN A COMPLEX AND DIVERSE SOCIETY
Lázaro Salomón Dibut-Toledo1
E-mail: ldibut2001@yahoo.es
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5578-2079
1 Universidad del Golfo de California. México.
RESUMEN
La educación inclusiva implica una verdadera apropiación y puesta en práctica del respeto a las diferencias en un contexto cada vez más diverso y complejo. Esta diversidad ha de ser asumida desde el campo educativo como una oportunidad para que los procesos de aprendizaje propicien una riqueza cultural de la cual necesariamente los sistemas educativos han de nutrirse. En este sentido, el objetivo del estudio ha sido contribuir a la necesaria comprensión de que cualquier transformación educativa demanda no sólo el rol individual de los que se involucran en ella, debe sumarse lo que desde la colectividad, las políticas públicas, el Estado, se pueda aportar. Resulta importante acotar que en el ámbito de los derechos ciudadanos y la justicia social se propicia un debate sobre lo referido al par inclusión-exclusión. En dicho análisis se ubica a la inclusión como un derecho que debe ser consecuente con el complejo entramado social, dada su diversidad, en torno a los nexos entre escuela y la concreción de los derechos económicos, sociales y culturales. Para la elaboración de este artículo se ha utilizado la metodología documental detallada enfocada en el tema objeto de estudio. Las categorías establecidas fueron: diversidad e inclusión educativa, derechos humanos, percepción social de la inclusión, exigibilidad, entre otras. Las conclusiones del trabajo demostraron que para lograr una verdadera educación inclusiva se deben articular de manera muy armoniosa las alianzas necesarias e introducir propuestas al sistema educativo en consonancia con dicha pretensión.
Palabras clave:
Derechos humanos, exclusión, educación inclusiva, Inclusión.
ABSTRACT
Inclusive education implies a true appropriation and implementation of respect for differences in an increasingly diverse and complex context. This diversity must be assumed from the educational field as an opportunity for learning processes to foster a cultural wealth from which educational systems must necessarily be nourished. In this sense, the objective of the study was to contribute to the necessary understanding that any educational transformation demands not only the individual role of those who get involved in it, it must add what can be done from the community, public policies, and the State contribute. It is important to note that in the field of citizen rights and social justice, a debate is encouraged regarding the inclusion-exclusion pair. In this analysis, inclusion is located as a right that must be consistent with the complex social fabric, given its diversity, around the links between school and the realization of economic, social and cultural rights. The methodology used was a detailed documentary focused on the topic under study. The established categories were: educational diversity and inclusion, human rights, social perception of inclusion, enforceability, among others. The conclusions of this article demonstrate that to achieve true inclusive education, the necessary alliances must be articulated in a very harmonious manner and proposals must be introduced into the educational system in line with this aim.
Keywords:
Human rights, exclusion, inclusive education, inclusion.
INTRODUCCIÓN
En cualquier contexto social se hace muy visible el tema de la diversidad humana en su amplia concepción y comprensión. Sin embargo, por muy dispares que puedan parecer los criterios que asemejan o diferencias a los grupos humanos todos aspiran y desean el disfrute pleno de sus derechos económicos, sociales y culturales, y en este caso se remarca especialmente el derecho a la educación.
En gran medida este interés se fundamenta en las posibilidades que desde la educación tienen los seres humanos en incorporarse de manera efectiva en el escenario social como ciudadanos plenos. En ese contexto diverso se hacen necesarias transformaciones educativas en las cuales se involucren todos los niveles, desde el individual hasta el colectivo, institucional las cuales respondan a un modelo de justicia social y acceso pleno, en lo posible de espaldas a cualquier tipo de exclusión por muy cotidiana o común que parezca.
De manera general, al decir de Fernández & Villalobos (2016), “la inclusión es una dimensión esencial del derecho a la educación, cuyo fin principal es ofrecer una educación de calidad a todos los estudiantes, identificando y minimizando las barreras que limitan el acceso, el progreso, la participación, el aprendizaje y el desarrollo integral de todas las personas”. (p.116)
Para la creación de este artículo, se ha utilizado una metodología documental detallada. El objetivo principal de esta forma de abordaje ha sido profundizar en el tema de la inclusión educativa y cómo este proceso debe comprenderse y asumirse para la propuesta de transformaciones, no sólo desde la institución educativa, esto implica a toda la sociedad. A partir de este análisis se implementa una secuencia de pasos: en primer lugar, se definieron los objetivos de la misma; posteriormente se identificaron las fuentes de información pertinentes dentro de las que se incluyeron artículos académicos y de investigación y otras publicaciones relacionadas con este tema. Unido a ello se llevó a cabo una revisión de la literatura para poder clasificar la información y luego se procedió a seleccionar, analizar y sintetizar la más relevante para la investigación.
A través del proceso de búsqueda en las bases de datos académicas Google Scholar y ProQuest se garantizó que el estudio estuviera respaldado por diferentes perspectivas del tema en particular de manera que abarcara una gama amplia de literatura relevante para los objetivos de la investigación.
Los criterios aportados por los autores Camacho & Aravena (2023), resumen la idea que se defiende en este trabajo al afirmar que “la política de inclusión educativa, busca transcender en términos de la igualdad, la participación y la no discriminación, Derechos Humanos, situación que repercuta en la calidad de vida de los estudiantes a partir del desarrollo de capacidades y competencias que les permita a corto, mediano y largo plazo enfrentar los restos que la sociedad les plantea”. (p.1114)
DESARROLLO
La inclusión en la educación es cuestionadora de aquellas prácticas -implícitas y explícitas- que se materializan a través de las políticas públicas o del propio desenvolvimiento social. Los fundamentos que sostienen el debate se relacionan con las posibilidades para el acceso y permanencia de las niñas y los niños que tienen desventajas sociales, marcadas por su situación económica, su ubicación geográfica, por características culturales propias que lo distinguen por sus tradiciones, lenguaje, hábitos, creencias, preferencias, entre otros, y se ubican en lo que se conoce como la diversidad humana. El reto está en disponer de las condiciones institucionales y culturales para una verdadera inclusión.
Según la Organización de Estados Iberoamericanos (2024), la inclusión educativa, “es un proceso orientado a garantizar el derecho a una educación de calidad a todos los y las estudiantes en igualdad de condiciones, considerando la equidad de oportunidades en la participación de los procesos integrales de aprendizaje, prestando especial atención a quienes están en situación de mayor exclusión o en riesgo de ser marginados/as. El desarrollo de escuelas inclusivas, que acojan a todos los y las estudiantes, sin ningún tipo de discriminación, y favorezcan su plena participación, desarrollo y aprendizaje, es una poderosa herramienta para mejorar la calidad de la educación y avanzar hacia sociedades más justas, equitativas y cohesionadas”.
Una de las prioridades de la cooperación de la Organización de Estados Iberoamericanos está enfocada a lograr la igualdad educativa y superar todo tipo de discriminación en educación a partir de lo planteado en los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030 (Organización de las Naciones Unidas, 2018) . Así, se apunta a avanzar en la atención educativa a la diversidad de los estudiantes con mayor riesgo de exclusión. Las principales líneas de acción que identifica la Organización de Estados Iberoamericanos (2024), para avanzar hacia esta meta son:
Para que se propicie una real transformación hacia la inclusión desde la educación se debe modificar el lenguaje de manera que exista una apropiación de términos más incluyentes hasta que éstos escalen a nivel institucional y se materialicen en la atención a cada estudiante acorde con sus particularidades que representa, en definitiva, el respeto a la diversidad. La relación necesaria que se ha de establecer entre la educación y la inclusión tiene que ajustar los tradicionales enfoques educativos, asimilar de aquellas experiencias que han entendido el reto, realzar lo verdaderamente valioso para la enseñanza y desmontar cualquier modelo sustentado en lógicas excluyentes.
Para lograr este objetivo, en medio de la diversidad humana, resulta fundamental apegarse a los derechos económicos, sociales y culturales que le asisten a cada individuo y saber conducir el proceso educativo sin desatender lo que se expresa en cada espacio formativo.
Según Adam et al. (2022), el derecho fundamental de una educación de calidad para todas las personas todavía es un gran reto para los sistemas educativos de todo el mundo. Para hacer valer este derecho, durante los últimos años los países han ido materializando un conjunto de marcos legislativos que han contribuido en el avance para construir un “sistema educativo basado en el modelo de escuela inclusiva”. (p.14)
Precisamente en estos escenarios, se logra percibir las múltiples diferencias y contradicciones que se han enraizado en la sociedad, un espacio educativo representa una muestra a microescala de la realidad social fuera de éste. Hacer valer en éstos los derechos en medio de las diferencias será un paso inicial en la pretensión de un alcance mucho mayor. El reconocimiento de la existencia de mecanismos para exigir tales derechos y parecería una vía posible para tomar las riendas en la aspiración de una educación inclusiva.
Como expresara Thomsen et al. (2020), en estos casos debe prevalecer “el interculturalismo e incluso, en sus perspectivas más críticas, la inclusión transcultural destacando los efectos positivos de la diversidad y fomentando el trato diferencial con fines de equidad inclusiva”. (p.44)
Resulta contradictorio el hecho de que en la medida que la sociedad es más diversa y con mayores riquezas socioculturales se exacerben las disparidades que sostienen un contexto profundamente excluyente. En la actualidad, se mantienen los conflictos sociopolíticos generados por la diversidad humana. Sus principales abanderados son las “víctimas” de las exclusiones los cuales abogan por políticas que contrarresten sus efectos y que posibiliten el ejercicio pleno de los derechos humanos.
Los procesos de inclusión-exclusión no se pueden enmarcar en un contexto en específico dado los históricos conflictos que le han ido incorporando múltiples matices, mediados por la imposición de cuestiones socialmente aceptadas y con vacíos normativos que lo regulen. La dinámica existente entre los procesos de inclusión y exclusión son una regularidad de la cual difícilmente se pueda prescindir en la sociedad, sin embargo, cuando acentúa la polaridad entre este par conceptual se tiende a agudizar las brechas entre unos y otros, se incrementa la desigualdad y desventaja social.
Cuando no existe correspondencia entre las características y estándares predeterrminados se condiciona la posición y aceptación de los individuos en la sociedad. Los estereotipos definen lo que es y representa una persona, las posibilidades de acceso a cualquier tipo de oportunidad, la participación, la consideración y respeto que se le otorgue, el valor de su existencia, entre otros. Una sociedad estereotipada propicia situaciones de diferenciación por las más diversas expresiones que pueden ser desde el físico, el comportamiento, los hábitos, preferencias de cualquier índole, entre otros.
Según Echeita (2019), la educación inclusiva es “una realidad poliédrica y un proceso vinculado, en último término, a la defensa de la dignidad e igualdad de las personas, como derechos inalienables, y a la meta de comprometer la acción educativa en la tarea de ayudar a superar las discriminaciones y reducir las desigualdades de distinto tipo que experimentan algunos estudiantes durante su vida escolar”. En la actualidad muchos sectores han logrado alzar su voz en la medida que han ganado espacios y determinación para sus derechos. Así, comunidades tradicionalmente marginadas y excluidas hoy tienen mayores y mejores opciones para disfrutar de sus derechos.
En la medida que las personas van siendo parte de grupos concretos concientizan sobre el arraigo y alcance de las exclusiones, las cuales como se ha mencionado antes pueden ser de cualquier índole siempre que no cumpla con los estereotipos socialmente aceptados. La comprensión de estas desigualdades permite identificarlas en cualquiera de sus manifestaciones, en el caso en particular de la educación se perciben desde las posibilidades de acceso condicionadas por los recursos económicos, la identidad cultural, determinadas condiciones físicas, etc ignorándose por completo la diversidad humana.
Los amplios reclamos en favor de la inclusión escolar han ido escalando en magnitud, sobre todo para las niñas por ser el grupo que más exclusión ha sufrido históricamente en este ámbito. Toda acción de inclusión deberá lograrse por la participación colectiva en la exigencia de los derechos usurpados mediante los mecanismos jurídicos correspondientes para hacerlos valer y en consecuencia asumir también los deberes ciudadanos.
En el ámbito educativo los procesos de inclusión se concretan gradualmente a partir de la identificación de las necesidades de los estudiantes, luego se realizan propuestas para la participación de todos en función de la diversidad, se modifican en caso de ser necesarios los enfoques para el aprendizaje y posteriormente se difunde la idea de que es responsabilidad del Estado brindar un sistema educativo en el que todos puedan ser parte. Cuando se logra a este nivel una inclusión plena se garantizará que en un futuro estas generaciones sean las que contribuyan a cambiar cualquier escenario excluyente de la sociedad. De ahí la importancia en comenzar a modificar estas concepciones desde la enseñanza en los primeros años.
Al respecto, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura mediante el “Temario Abierto sobre educación inclusiva: materiales de apoyo para responsables de políticas educativas” (2004), recomienda identificar aquellas buenas prácticas inclusivas que han sido efectivas en otros países y a partir de ahí tomar las experiencias que pudieran replicarse. Sin embargo, no siempre suele ser muy fácil replicar estas iniciativas toda vez que se reconoce que en dichos procesos confluyen una serie de factores de diversa índole y en la diversidad de cada grupo también se encuentran elementos propios de la individualidad por lo que se estaría ante un fenómeno multidimensional y complejo del cual no siempre se puede hacer una copia fiel, lo que en unos contextos resulta idóneo no lo será en otros de la misma manera.
Desde la comprensión de los derechos humanos es posible detectar el creciente interés en la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura por definir y poner en práctica la educación inclusiva, toda vez que ésta intenta eliminar la exclusión social derivada de “actitudes y respuestas a la diversidad en términos de raza, clase social, origen étnico, religión, género y aptitudes”. (Martinez, 2021)
Sin lugar a dudas, la inclusión en el ámbito educativo representa un gran reto no sólo por la aspiración de un pleno acceso y disfrute de los derechos fundamentales, lo es también porque representa la base para una mayor participación ciudadana en general. En este sentido se debe lograr superar la tradicional relación institución educativa-inclusión/exclusión por un enfoque que logre articular el respeto a los derechos fundamentales en todo el tejido social. Las instituciones educativas pueden ser el espacio por excelencia para que se propicien las condiciones de convivencia con respeto e igualdad de derechos. A su vez representa el escenario ideal para materializar la condición de ciudadanos de cada persona dado los procesos participativos en los que se involucra la familia, la comunidad y la sociedad en general. Como derecho la educación alcanza rango constitucional en casi todas las sociedades y como tal es muy difícil que no sea reconocido.
La concepción de educación como derecho debe ser integradora de manera que permita desmontar las tradicionales segregaciones e introducir en los procesos de enseñanza un desarrollo equitativo. A partir de esa integración se retoman aspectos medulares para el proceso de inclusión como el reconocimiento de la ciudadanía social para todos, la necesidad de integrar a determinados grupos marginados del sistema educativo por motivos de identidad cultural e ideológica, discapacidades, etnias, etc. Otro elemento de vital importancia es la lengua materna, que suele ser condicionante para la inclusión toda vez que hay que adaptarse a la que esté instaurada en el sistema educativo y con ello el abandono de la de origen. Con el reemplazo de una por otra se afectan también determinadas prácticas culturales que han conformado la identidad de las personas hasta ese momento.
El diseño de los planes de estudios no se realiza conforme las especificidades de la diversidad humana y en mayor o menor medida siempre existen grupos excluidos del sistema, sobre todo aquellos que pertenecen a diferentes etnias. La educación y la inclusión se enmarcan en una dinámica continua y tensa, por un lado, se plantea la necesidad de extender gradualmente el derecho a la educación y por el otro la introducción de elementos para la inclusión cultural de aquellos que históricamente han quedado desplazados de los escenarios escolares.
Según Tomasevski (2003), “la educación es un multiplicador que aumenta el disfrute de todos los derechos y libertades individuales cuando el derecho a la educación está efectivamente garantizado, y priva a las poblaciones del disfrute de muchos derechos y libertades cuando se niega o viola a ese derecho”. (p. 10)
La materialización de los derechos humanos debe estar respaldada por mecanismos para su exigibilidad de manera que no se limiten a una norma y se puedan traducir en hechos. En el ámbito escolar resulta fundamental que se manifieste su carácter articulador de forma que se concreten las relaciones entre los mecanismos jurídicos y las personas.
En los acuerdos de la Declaración y Programa de Acción de Viena (1993) se evoca a los derechos humanos universales, como indivisibles, interdependientes e interrelacionados de acuerdo con cada persona, lo cual ha de ser retomado si se hace referencia al tema de la inclusión, así como otros derechos contra-hegemónicos relacionados con posturas sexistas, de clases y racistas abordados con anterioridad en otras convenciones.
En la actualidad varios postulados y disposiciones se han ido incorporando a la fundamentación histórica de estos reclamos por la inclusión educativa, en ese caso destacan entre otras, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979), la Convención sobre los Derechos del Niño (1989), la Declaración de Salamanca (1994), el Marco de Acción de Dakar (2000), la Declaración de Montreal sobre la Discapacidad Intelectual (2004) y la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho de las Personas con Discapacidad (2006).
La Conferencia Mundial sobre Educación para Todos celebrada en Tailandia en marzo de 1990 expuso esta concepción con el objetivo de hacer valer el acceso para todas las personas como derecho humano fundamental y así quedó expresada en la Declaración Mundial sobre educación para todos. Por su parte, el Foro Mundial sobre Educación (2000), realizado en Dakar, se recogió el compromiso de las naciones participantes en ofrecer educación básica para todos y se ratificaron los objetivos a cumplir antes del año 2015 referidos con la obligatoriedad de la educación primaria y la erradicación de las exclusiones por el factor género para las enseñanzas primaria y secundaria. Unido a ello se reiteró que la educación como derecho humano fundamental es un medio indispensable para lograr el desarrollo sostenible, la participación política y la estabilidad global.
Los criterios a favor de la enseñanza para todos se sustentan en el valor de la educación y sus vínculos con el conocimiento para el desarrollo. Ante esto Tutt (2007), señala como alternativas la implementación de ambientes inclusivos que garanticen la enseñanza para todos. Para ello se hace necesario definir una buena cantidad de recursos de calidad que permita crear las condiciones en la red escolar y ésta brinde posibilidades formativas que favorezcan la inclusión.
El reconocimiento de las diversidades humanas por parte de la comunidad educativa se materializa fuera del aula en medio del amplio debate sobre la presencia en ellas de esa misma diversidad. A la hora de implementar las modificaciones necesarias para una educación inclusiva se encuentran resistencias que han dificultado que este debate se traduzca en una real concreción. Para desmontar esas barreras se hace necesario dejar de limitar estas exclusiones al mero hecho del reconocimiento a la diversidad toda vez que se reconoce que este fenómeno es producto también de situaciones económicas desfavorables, la defensa de la identidad cultural, las políticas sociales, entre otros, instituidas desde posiciones dominantes de poder y perpetuadoras de patrones diferenciadores.
La definición de educación inclusiva se ha ido modificando en función de la creciente multiculturalidad y el debate social en torno al tema. De manera general, se coincide en que una educación inclusiva es aquella que propicia un ambiente educativo en el que la experiencia cotidiana de las personas se sustente en principios y valores propios de esta nueva concepción.
Para que la educación inclusiva emerja debe partir de la conciencia política de que la educación es un derecho humano fundamental de toda sociedad que se considere justa y democrática, pero su efectiva implementación deberá necesariamente realizar transformaciones en la concepción de la enseñanza para todos.
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (2005), define la educación inclusiva como “un proceso para responder a la diversidad de todos los estudiantes, garantizando su presencia, participación y logros; atendiendo especialmente a quienes, por diferentes razones, están excluidos o en riesgo de ser marginados, por lo que es necesario definir políticas y programas educativos, con el fin de que la educación sea para todos”.
Siendo así que aboga por una transformación en la educación que sea capaz de convertir a las escuelas en espacios para la atención de toda la población y reconozca la diversidad de todos sus alumnos. Para esta organización cada educando es tan importante como cualquier otro, lo cual no significa que millones de personas en todo el mundo hayan dejado de estar excluidas de la educación por razones tales como el género, la orientación sexual, el origen étnico o social, la lengua, la religión, la nacionalidad, la situación económica o de discapacidad.
En esta concepción educativa, se identifica claramente la existencia de la diversidad, la cual impone enfrentar no pocos retos de manera que el sistema educativo responda a todos los estudiantes (Guirado et al., 2021). Por tanto, la institución educativa debe convertirse en un espacio en el que se reconozca la diversidad y con él la accesibilidad, la convivencia y la tolerancia.
La educación inclusiva realiza esfuerzos para identificar y eliminar todas las barreras que impiden acceder a la educación y en ese sentido, orienta su accionar desde diversos ámbitos que abarcan los métodos para la enseñanza, la pedagogía como ciencia que debe atemperarse a la diversidad, las políticas, la sociedad en general. El desempeño de la UNESCO en este ámbito se sustenta por la Convención dedicada a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza (1960), de igual manera por el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 y el Marco de Acción Educación 2030 (2015) los cuales refieren que la inclusión y la equidad son la base para el logro de una educación de calidad.
En el 2017, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) junto a los ministros de educación de América Latina y el Caribe (ALC) se comprometieron a desarrollar políticas inclusivas para “mejorar la calidad y la pertinencia de la educación”. Para cumplir con esto, las escuelas de cada país no deben tener mecanismos de selección ni discriminación de ningún tipo, y deben adaptarse para incluir a los diversos estudiantes y sus necesidades. Unido a ello la ONU incorporó a la educación inclusiva como su cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) y realizó un estudio sobre cómo los países de ALC se están esforzando para alcanzarlo.
En el libro “Políticas de educación inclusiva: estudios sobre políticas educativas en América Latina” (2021) de la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en Santiago y el Buró Regional para la Educación en América Latina y el Caribe se define “la educación inclusiva se fundamenta en principios como la equidad, la igualdad de oportunidades, el acceso sin distinciones ni privilegios y la atención a las necesidades educativas como elementos centrales del desarrollo; por tanto, se imparte gratuitamente y se definen acciones para garantizar el derecho de todos los ciudadanos, sin distinción ni privilegio, a los primeros niveles de educación”.
Dentro de las características de la educación inclusiva sobresale su principal objetivo enfocado hacia eliminar cualquier tipo de discriminación, además la posibilidad de que todos los estudiantes tengan igualdad de oportunidades para el acceso al currículum, la motivación para participar en actividades que aporten a su desarrollo, el respeto a los derechos y el cumplimiento de los deberes, el compromiso de toda la estructura docente con el proceso, el ejercicio democrático para la toma de decisiones y el compromiso de los docentes en contribuir con la inclusión mediante los principios y valores que la sustentan en el ámbito educativo.
Las transformaciones que propone la educación inclusiva de manera general, tanto para espacios formales como para los no formales, garantiza que el proceso docente se desarrolle en entornos incluyentes y que los patrones culturales imperantes sean más respetuosos con la diversidad. En el Temario Abierto para la educación inclusiva (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2004) se hace alusión a algunas de posibilidades para el para que la educación inclusiva y las transformaciones sociales se interrelacionen en función de mejorar la efectividad del sistema.
La educación inclusiva está en la base de cualquier proceso de transformación sociopolítico de una determinada comunidad y por lo tanto las instituciones educativas y la subjetividad de sus miembros son influenciados por estas modificaciones. Dada estas relaciones es fundamental retomar a Arnaiz (2005), cuando plantea que la escuela debe “responder a la diversidad desde la valoración que hace de todos los miembros de la comunidad, su apertura a nuevas ideas y la consideración de la diferencia de forma digna”. (p. 16)
Tanto para las instituciones como en el plano de la subjetividad de los involucrados, los resultados estarán en dependencia de las transformaciones deseadas y de las acciones previstas, sin minimizar el efecto que producen determinadas dinámicas del sistema educativo y del contexto social que originan los procesos de exclusión y discriminación.
En el informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura titulado “Políticas de educación inclusiva: estudios sobre políticas educativas en América Latina” (2021), se plantea otro aspecto fundamental y es la necesidad de crear un entorno seguro y realmente inclusivo, para ello se precisa de tiempo, sobre todo, para que cambie la actitud del entorno educativo. En este informe se menciona que la educación inclusiva “atiende las necesidades educativas en un ambiente de calidez para los estudiantes, docentes y familias; además, busca lograr en todos los estudiantes su presencia, participación y éxito académico en los diferentes niveles educativos y según los contextos de estudio”.
Anteriormente, en el año 2008 la propia organización concibe la educación inclusiva como “un principio rector general para reforzar la educación para el desarrollo sostenible, el aprendizaje a lo largo de toda la vida para todos y un acceso a las oportunidades de aprendizaje en condiciones de igualdad para todos los niveles de la sociedad, de modo que se apliquen los principios de la educación inclusiva”. (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2008, p.12)
En la medida que la educación inclusiva logre que se comprenda de mejor manera el contexto en que se produce lo educativo, posibilitará que los procesos democráticos se extiendan mucho más y adquieran una mayor connotación para la sociedad. Como afirman Ahufinger et al. (2023), “la inclusión no se reduce al campo educativo, sino que es un objetivo transversal en todos los ámbitos de la vida”. (p.1)
El derecho a la educación y su exigibilidad como tal, puede materializarse desde la postura de diferentes actores, desde lo individual y/o colectivo, mediante mecanismos judiciales o políticos y ejecutarse mediante representaciones de la sociedad civil con derechos a hacer valer su participación en la toma de decisiones. Cualquier mecanismo que se utilice como vía para exigir el derecho a la educación inclusiva posibilitará que se cree un espacio para que la ciudadanía vuelque sus opiniones y propuestas inclusivas.
El carácter sistémico de las influencias educativas y su reflejo en la formación de los estudiantes resulta viable cuando cada instancia educativa define su espacio de actuación en función del papel asignado y su relación con las otras, los efectos formativos por cada una influyen de forma sinérgica en el proceso educativo global y en el cumplimiento del principio de unidad y diversidad del sistema de influencias.
La práctica educativa permite justificar teóricamente cómo la instrumentación del vínculo escuela-sociedad repercute favorablemente en el escolar en cuanto al afianzamiento de la igualdad de oportunidades en medio de la diversidad, la educación en valores, la disposición para el trabajo en grupo, el desarrollo de la esfera cognitivo - afectiva - volitiva de la personalidad. Este alcance también es extensivo a toda la sociedad y, en particular, a la familia y la comunidad al contribuir al fortalecimiento de la función formadora y convertirse en agentes de cambio.
La instrumentación integrada del vínculo escuela - sociedad, favorece el desarrollo de la personalidad de los escolares al aprender de forma cooperativa, apropiarse de los valores de inclusión, responsabilidad, colectivismo, honestidad, solidaridad, respeto de las tradiciones y costumbres del entorno, entre otros. Asimismo, se amplían los conocimientos, desarrollan hábitos y habilidades, se modifican modos de actuación, mejoran la comunicación con sus coetáneos, profesores y comunidad en general. También influye en los cambios de actitud e intenciones profesionales. Solo la novedad en el tratamiento del vínculo entre las influencias educativas hizo viable alcanzar un alto nivel de satisfacción y convertir a los escolares en protagonistas para la cultura general integral y a la familia y comunidad en agentes de cambios.
Los principales obstáculos para la educación inclusiva se concretan en la falta de capacitación para los docentes, la carencia de recursos, estereotipos y prejuicios, la falta de apoyo familiar y la ausencia de políticas y programas.
Las diversidades humanas y su coexistencia precisan cada día más de transformaciones en función de mejores y más armoniosos vínculos entre las personas cambio. En el ámbito educativo se puede lograr materializar todas esas demandas a partir de la comprensión y posturas ante los procesos de exclusión/inclusión. Este debate también ha propiciado el análisis en los planos individual y colectivo sobre la importancia que tiene el reconocimiento y respeto de los derechos económicos, sociales y culturales para el logro de una ciudadanía plena y en consecuencia su impacto en las políticas públicas para la inclusión escolar.
Con este propósito se aspira a que se produzcan cambios institucionales que permitan la incorporación en las escuelas de las diversidades humanas y se facilite la convivencia entre todos sin que sean determinantes aquellos aspectos diferenciadores en el orden social, económico, cultural, físico, entre otros.
Unido a ello se hace necesaria la implementación de mecanismos capaces de sostener la exigibilidad de la educación inclusiva como derecho fundamental, en ese caso el proceso de abogacía debe ser la vía para conseguir dicho propósito. Mediante este proceso se articularían las referidas modificaciones educativas bajo principios de acciones colectivas para un mayor alcance la educación inclusiva, de frente a la diversidad.
CONCLUSIONES
A medida que la sociedad se vuelve cada vez más diversa, todos los estudiantes tendrán que interactuar con personas de grupos étnicos diferentes, de diversas nacionalidades, con alguna discapacidad, que sean neurodivergentes, que tengan otro tipo de fe, u orientación sexual, entre otros. Es por eso que integrar en la escuela temas de diversidad e inclusión desde temprana edad, contribuirá a formar personas mejor preparadas para navegar diversas interacciones en el futuro. El logro de una educación inclusiva no solo es deber de las instituciones educativas. Por el contrario, deberá ser un trabajo colaborativo entre la familia y los actores sociales del entorno.
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